Fitch reconoció que las políticas fiscales y regulatorias más restrictivas de EU podrían hacer menos atractiva la inversión en México.
Las políticas proteccionistas, migratorias y de seguridad nacional de Estados Unidos podrían afectar significativamente a los estados mexicanos debido a sus lazos económicos estrechos, aunque aún existe incertidumbre sobre su implementación y el efecto real, señaló la calificadora Fitch Ratings.
En el análisis ‘Estados Mexicanos Más Vulnerables a Políticas de EU’ expuso que, por un lado, la imposición de aranceles a las exportaciones mexicanas por parte del gobierno estadounidense podría reducir la demanda externa. Esto afectaría a Chihuahua, Baja California, Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila.
En cuanto a inversiones, si bien reconoció que las políticas fiscales y regulatorias más restrictivas podrían hacer menos atractiva la inversión en México, no prevé una repatriación inmediata de inversiones, pero sí que las empresas estadounidenses limiten sus planes de expansión y reduzcan empleos en el sector manufacturero.
“Además, la incertidumbre política y económica podría desalentar la IED de Estados Unidos en México, especialmente en estados que han recibido inversiones grandes como Baja California, Ciudad de México, Zacatecas, Nuevo León y Chihuahua”, refirió la calificadora en dicho documento.
En segundo lugar, Fitch Ratings advirtió que la designación de los cárteles criminales mexicanos como terroristas podría aumentar las advertencias de Estados Unidos para que sus ciudadanos no visiten el país. De concretarse, reduciría la actividad turística en Quintana Roo, Baja California Sur y Nayarit.
“Una disminución en el turismo podría afectar los ingresos por esta actividad, impactando negativamente la economía local de estos estados, y, en consecuencia, su capacidad para generar ingresos fiscales estables”, anotó.
Una tercera actividad con impactos por las políticas de Donald Trump es el de las remesas. Para Fitch estos flujos son cruciales para Michoacán y Zacatecas, así como para aquellos con limitaciones socioeconómicas como Chiapas, Guerrero y Oaxaca.
Por lo tanto, una posible expulsión masiva de migrantes reduciría el flujo de remesas, lo que afectaría a familias mexicanas que dependen de estos ingresos. Además, se espera que algunas regiones, especialmente en la frontera sur, registren nuevos asentamientos de migrantes varados.
“Entre las implicaciones crediticias de una reducción en las remesas están que, al afectarse el consumo interno, mediante una reducción en ingresos de las familias receptoras, podrían apreciarse, por un lado, una recaudación menor de los gobiernos, y por otro, incrementar el gasto en transferencias a programas de apoyo social y creación de empleo”.
Por último, advirtió que las políticas migratorias más estrictas podrían implicar la reorientación de los planes de inversión actuales a nuevos proyectos de infraestructura para atender las necesidades sociales de la población que retorne al país y aquellas de Centroamérica u otros países que en su intento por no poder llegar a Estados Unidos se queden en México.
CRÉDITOS: EL FINANCIERO
