El Instituto Nacional Electoral (INE) ha iniciado una investigación ante presuntas irregularidades detectadas en el proceso de elecciones judiciales programadas para el 1 de junio. Las indagatorias se centran en posibles actos de injerencia política por parte de servidores públicos y partidos políticos, lo cual contravendría las normas que regulan estos comicios ciudadanos.
Según las denuncias recibidas, funcionarios de gobiernos locales en Nuevo León y la Ciudad de México estarían involucrados en la distribución de propaganda y en la organización de transporte para movilizar votantes, con el objetivo de favorecer a ciertas propuestas o candidatos vinculados extraoficialmente a los partidos Movimiento Ciudadano y Morena.
La ley establece que en este tipo de procesos no debe haber participación partidista, ni utilización de recursos públicos con fines electorales. En ese sentido, el INE analiza si se ha vulnerado el principio de imparcialidad.
De confirmarse las irregularidades, el órgano electoral podría turnar el caso al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para su resolución y posible sanción.
El INE reiteró su compromiso con la legalidad y la transparencia en todos los procesos democráticos del país, e hizo un llamado a las autoridades y actores políticos a respetar las reglas del juego democrático.
