Desde que el TMEC entró en vigor en 2020, México ha basado buena parte de su estrategia comercial y de atracción de inversiones en ese pacto. Pero hoy, con el resurgimiento de políticas proteccionistas en EE. UU. —especialmente bajo la administración de Trump—, la continuidad del tratado se vuelve una prueba clave para el gobierno de Claudia Sheinbaum.
En 2026, está prevista una revisión trilateral del acuerdo, momento en el que México deberá hacer valer su integración productiva con Estados Unidos y Canadá frente a posibles amenazas arancelarias. Con exportaciones que superan los 500 mil millones de dólares anuales y una economía débil, el país entra en las negociaciones con vulnerabilidades: crecimiento bajo, incertidumbre para las inversiones y nuevas tarifas impuestas por Washington en sectores como acero y aluminio.
En ese contexto, el gobierno mexicano ha comenzado consultas públicas para recabar propuestas de diversos actores. Desde la Secretaría de Economía, Sheinbaum apuesta por una estrategia de “cabeza fría”, evitando confrontaciones directas con EE. UU. Sin embargo, expertos advierten que el nuevo pulso comercial será complejo, pues Trump ha tejido enlaces entre comercio, migración y seguridad, lo que extiende el terreno de negociación más allá de lo estrictamente económico.
Para salvaguardar el TMEC y las condiciones que sostiene —exportaciones, empleos y flujos de capital—, México ha presentado medidas para contener importaciones asiáticas con aranceles de hasta 50 %. Pero incluso con esas acciones, el éxito dependerá de la capacidad negociadora del gobierno y de la coordinación con Canadá. En el horizonte, el país se enfrenta a una encrucijada: negociar sin ceder soberanía o arriesgarse a perder privilegios comerciales que han sostenido buena parte de su aparato exportador.
