Luego de su aprobación en la Cámara de Diputados, el llamado “Plan B” de la reforma electoral, impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum, ha comenzado a avanzar en los congresos locales del país.
Hasta el momento, diversas entidades ya han dado luz verde a la iniciativa. Tabasco fue el primer estado en aprobarla, seguido por Oaxaca, Chiapas y Quintana Roo. Posteriormente se sumaron Guerrero, San Luis Potosí, Colima, Yucatán y Puebla, donde el dictamen también recibió respaldo mayoritario.
La reforma requiere el aval de al menos 17 congresos estatales para ser validada a nivel constitucional, por lo que el proceso continúa en el resto del país.
Entre los principales cambios que contempla este proyecto se encuentran la reducción en el número de regidores en los ayuntamientos, límites al presupuesto de los congresos locales y ajustes en los salarios de funcionarios electorales, además de recortes progresivos al gasto del Senado.
El avance del “Plan B” ocurre en medio de un intenso debate político entre fuerzas oficialistas y de oposición, quienes mantienen posturas encontradas sobre el impacto de estas modificaciones en el sistema democrático mexicano.
