En diciembre de 2025, el gobierno mexicano aprobó una nueva normativa sobre el uso del agua en el país, que refuerza los controles sobre el aprovechamiento de los recursos hídricos y define con claridad derechos, obligaciones y sanciones. Ahora, el agua se reafirma como un bien propiedad de la Nación; nadie —persona física o moral— puede considerarla un bien privado.
Para poder extraer o utilizar agua —ya sea de ríos, lagos, acuíferos o zonas costeras— será indispensable contar con una concesión o asignación oficial emitida por Comisión Nacional del Agua (CONAGUA). Estas concesiones estarán sujetas a estrictos criterios de disponibilidad, calidad y respeto a cuencas y ecosistemas.
Se prohíbe, además, que concesionarios vendan, cedan o transfieran sus derechos de agua de manera privada. En caso de que no utilicen el volumen asignado, ese permiso podrá ser retirado y reasignado por el Estado.
La ley también incorpora normas estrictas para proteger la integridad ambiental: regula las descargas de aguas residuales, su tratamiento adecuado y los límites de contaminación —para evitar daño a ríos, lagos, cuencas y costas, y cuidar la salud pública y los ecosistemas.
En materia de sanciones, las consecuencias para quienes violen la normativa son severas: desde multas hasta penas de cárcel —por ejemplo, por cambiar el uso del agua concedida, realizar descargas sin tratamiento, desviar cauces o usar agua sin permiso.
Finalmente, este marco normativo enfatiza un uso responsable y sostenible del agua, buscando asegurar su disponibilidad futura y proteger a las comunidades, el ambiente y los ecosistemas. El acceso al agua potable, su saneamiento y distribución equitativa quedan garantizados como un derecho humano básico.
