A partir de esta semana, el estado de Chihuahua se convirtió en el primero del país en prohibir el uso del lenguaje inclusivo dentro de las aulas. La reforma a la Ley Estatal de Educación, aprobada por mayoría en el Congreso local, establece que docentes y estudiantes deberán emplear únicamente “el uso correcto del idioma español” durante las clases y actividades escolares.
La medida, impulsada por el diputado Carlos Olson San Vicente, busca —según sus promotores— preservar la claridad lingüística en la enseñanza básica y evitar lo que consideran “distorsiones gramaticales” en la formación de los alumnos.
Sin embargo, la decisión ha generado una fuerte controversia tanto en el ámbito político como en redes sociales. Diversos colectivos y activistas por los derechos humanos consideran que la reforma representa un retroceso en materia de inclusión y respeto a la diversidad.
Organizaciones feministas y de la comunidad LGBT+ expresaron que esta prohibición invisibiliza a grupos que han encontrado en el lenguaje inclusivo una forma de representación y reconocimiento. “El lenguaje evoluciona con la sociedad, prohibirlo es negar la diversidad que existe en nuestras aulas”, señaló una integrante del colectivo Voces Diversas Chihuahua.
Por su parte, legisladores que respaldaron la iniciativa defendieron que el objetivo no es discriminar, sino mantener un estándar educativo uniforme y apegado a la Real Academia Española.
El debate ha trascendido las fronteras del estado, abriendo una conversación nacional sobre la libertad lingüística y los límites entre la regulación educativa y los derechos de expresión. La reforma entrará en vigor en los próximos días, una vez que sea publicada en el Periódico Oficial del Estado.
