El Gobierno Federal confirmó que realizará visitas casa por casa en todo el país, bajo el argumento de “supervisión y diagnóstico social”, y definió que será obligatorio permitir la entrada al personal designado y responder un cuestionario sobre tus condiciones de vida.
De acuerdo con el anuncio oficial, los responsables de estas visitas deberán ser identificados con uniformes y credenciales institucionales. Las personas visitadas tendrán que abrir y facilitar información sobre su vivienda, estado de salud, nivel de ingresos, composición familiar y otros aspectos personales.
Las autoridades han justificado esta medida como parte de un programa integral de “control social y bienestar”, aunque especialistas en derechos humanos y privacidad advierten que puede vulnerar libertades fundamentales como el derecho al ámbito propio y la intimidad.
A partir del 15 de octubre comenzará el despliegue de brigadas en zonas urbanas y rurales, con un cronograma que cubrirá los 32 estados del país en los próximos meses. Quienes se nieguen a colaborar, advierten las autoridades, podrían enfrentar sanciones administrativas, aunque aún no han sido precisadas.
Diversos organismos ciudadanos y académicos llaman a la población a documentar cualquier irregularidad durante las visitas (como la exigencia de abrir sin justificación o la recopilación de datos sensibles) y recurrir a instancias de defensa de derechos en caso de abusos.
