El boxeador mexicano Julio César Chávez Jr. fue detenido por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en Studio City, California, debido a presuntas irregularidades migratorias y acusaciones de vínculos con el crimen organizado. De acuerdo con fuentes oficiales del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Chávez Jr., de 39 años, se encontraba en Estados Unidos de manera ilegal desde febrero de 2024, cuando venció su visa de turista B-2. Aunque intentó regularizar su situación mediante una solicitud de residencia permanente tras casarse con una ciudadana estadounidense, las autoridades detectaron supuestas inconsistencias en su declaración, motivo por el cual se activó su orden de detención.
La aprehensión tuvo lugar el 2 de julio por la tarde mientras el exboxeador se desplazaba en un scooter cerca de su residencia. Según su abogado, Michael Goldstein, más de 25 agentes participaron en el operativo, lo cual consideró una acción exagerada y destinada a generar miedo en la comunidad. Chávez Jr. fue esposado y trasladado a un centro de detención de ICE, donde permanece bajo custodia en espera de un proceso de deportación acelerada, lo que significa que podría ser expulsado del país sin necesidad de una audiencia ante un juez migratorio.
Además de las acusaciones migratorias, Chávez Jr. enfrenta una orden de arresto en México por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa y delitos relacionados con tráfico de armas, municiones y explosivos. Las autoridades estadounidenses lo consideran una amenaza para la seguridad pública, y lo relacionan con organizaciones criminales catalogadas como terroristas extranjeras. Estos señalamientos podrían facilitar su extradición a territorio mexicano, donde se le investiga por delincuencia organizada.
La detención del hijo del legendario campeón de boxeo Julio César Chávez se da en un contexto sensible, luego de su reciente derrota en un combate mediático contra el influencer Jake Paul en Anaheim. La atención pública sobre su figura ha sido constante debido a sus antecedentes judiciales y problemas de adicción. Esta nueva controversia ocurre en medio de un aumento de redadas migratorias en California impulsadas por la administración del presidente Donald Trump, bajo una política de cero tolerancia contra migrantes con historial delictivo o presuntos vínculos con el crimen organizado.
Mientras tanto, la familia del exboxeador ha solicitado respeto al debido proceso y ha asegurado que confían en su inocencia. El caso continúa en desarrollo y podría tener repercusiones tanto legales como diplomáticas entre Estados Unidos y México, especialmente si se concreta su extradición o se revelan nuevas pruebas sobre sus presuntas conexiones criminales.
