La política arancelaria de Donald Trump, anunciada en abril, ha demostrado ser más una herramienta de presión que una medida económica definitiva. Aunque se establecieron tarifas de hasta 70 % para países sin acuerdos, la administración optó por una moratoria parcial, extendiendo el plazo hasta el 1° de agosto para evitar una crisis inmediata.
El secretario del Tesoro, Scott Bessent, confirmó que los aranceles volverán automáticamente si no se alcanzan acuerdos bilaterales. Esto ha puesto a varios países, incluido México, en una carrera contrarreloj. El gobierno mexicano, que ya había conseguido una prórroga hasta abril gracias al diálogo directo entre Trump y Sheinbaum, enfrenta ahora la posibilidad de represalias comerciales si las negociaciones no prosperan.
Las repercusiones son globales: los mercados internacionales muestran señales de estrés y sectores clave de la economía mexicana —como el automotriz, el electrónico y el agroindustrial— se preparan para un impacto severo en caso de que entren en vigor las tarifas.
Más allá de las cifras, el verdadero trasfondo parece ser político. Trump utiliza los aranceles como una ficha de negociación internacional, intensificando la presión sobre aliados y adversarios por igual. A menos de un mes de la fecha límite, el escenario está marcado por la incertidumbre: o se logra un acuerdo diplomático, o se reactiva una guerra comercial que podría tener consecuencias económicas duraderas.
