Este 1 de junio de 2025, México vivió un hecho sin precedentes al permitir que la ciudadanía votara directamente para elegir a quienes integrarán el Poder Judicial. Por primera vez, los votantes participaron en la selección de jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte, como parte de una reforma constitucional impulsada por el gobierno federal.

En total, se sometieron a votación casi 2,700 cargos, incluidos nueve ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, magistrados del Tribunal Electoral, y jueces federales. Este proceso, conducido por el Instituto Nacional Electoral (INE), representa un cambio profundo en la manera en que se estructura y ejerce la justicia en el país.

Los resultados oficiales serán publicados el 15 de junio, una vez concluido el conteo en los Consejos Distritales, dada la complejidad del proceso y el volumen de aspirantes. Más de 7,700 personas se registraron como candidatos, entre ellos abogados, académicos, exfuncionarios y perfiles poco conocidos por la opinión pública.

La iniciativa ha generado una fuerte división de opiniones. Por un lado, sus defensores la celebran como un paso hacia una mayor democratización y transparencia en la justicia. Por otro, organizaciones civiles, académicos y organismos internacionales han advertido que este modelo podría vulnerar la independencia judicial al abrir la puerta a la politización y la falta de criterios técnicos en las designaciones.

Bolivia es el único país latinoamericano que ha adoptado previamente un modelo similar, pero su experiencia ha sido criticada por la baja participación ciudadana y la limitada calidad técnica de los jueces electos.

En este contexto, México se convierte en un caso de estudio internacional, y los próximos meses serán clave para evaluar si esta nueva forma de elegir a los impartidores de justicia fortalece o debilita al sistema judicial.