El gobierno mexicano aprobó una reforma a la Ley de Aguas Nacionales (LAN) con el propósito de garantizar el acceso al agua como un derecho humano, priorizando el consumo doméstico sobre cualquier uso privado.
La nueva normativa elimina la posibilidad de vender o heredar concesiones de agua, restringiendo su transferencia entre particulares, y afirma que todas las concesiones deberán estar reguladas, registradas y sujetas al control estatal vía Comisión Nacional del Agua (Conagua).
Además, se endurecen las sanciones para extracciones ilegales, desvíos de cauces o abusos en el uso del recurso, ya considerados delitos hídricos.
La reforma representa un cambio de paradigma: deja atrás la visión del agua como mercancía y busca evitar la especulación y acaparamiento del recurso, especialmente en manos de grandes terratenientes o industrias.
Sin embargo, el sector agrícola —temeroso de perder el valor de sus tierras sin derecho garantizado al agua— ha reaccionado con protestas, advirtiendo que la ley pone en riesgo la producción del campo, la seguridad alimentaria y los ingresos de sus comunidades.
