La Cámara de Diputados dio un paso clave en la transformación del sistema de pensiones en México al aprobar, en lo general, una reforma constitucional que busca eliminar las llamadas “pensiones doradas” otorgadas a exfuncionarios de alto nivel.
Con una amplia mayoría de 458 votos a favor, el pleno avaló modificar el artículo 127 de la Constitución para establecer límites a los montos que reciben algunos jubilados de organismos públicos, especialmente en empresas del Estado como Pemex y la Comisión Federal de Electricidad.
La iniciativa, impulsada por el gobierno federal, plantea que ninguna pensión de este tipo podrá superar el 50% del salario de la persona titular del Ejecutivo, lo que en la práctica significaría un tope cercano a los 70 mil pesos mensuales.
El objetivo central de la reforma es reducir la desigualdad en el sistema de jubilaciones, ya que actualmente existen casos donde exservidores públicos reciben ingresos muy superiores al promedio nacional. De acuerdo con datos oficiales, la mayoría de las pensiones en el país ronda apenas los 4 mil 600 pesos mensuales.
Protestas durante la discusión
Mientras se llevaba a cabo el debate en San Lázaro, grupos de jubilados de distintas instituciones se manifestaron en contra de la propuesta, argumentando posibles afectaciones a sus derechos adquiridos. Incluso se registraron momentos de tensión en los accesos al recinto legislativo.
¿Qué sigue para la reforma?
Tras su aprobación en lo general, el dictamen será discutido en lo particular. Si obtiene el aval definitivo, deberá pasar a los congresos estatales, donde al menos 17 legislaturas locales deberán aprobarlo para que pueda entrar en vigor.
Con este avance legislativo, el Congreso busca poner fin a privilegios en el sistema de pensiones y establecer reglas más equitativas para los servidores públicos en México.
