La reforma busca combatir la subvaluación y el contrabando, pero la oposición advierte sobre posibles decisiones discrecionales que podrían afectar a los importadores.
El Senado de la República aprobó una reforma a la Ley Aduanera que modifica los mecanismos de revisión de mercancías importadas y amplía las facultades de las autoridades para aplicar embargos precautorios ante posibles irregularidades en las operaciones de comercio exterior.
La iniciativa fue avalada el 13 de octubre con 66 votos a favor, 37 en contra y una abstención en lo general. Posteriormente, el proyecto fue enviado al Ejecutivo federal para continuar con el procedimiento correspondiente.
¿Qué cambia con la reforma?
Uno de los principales ajustes consiste en eliminar el requisito que establecía una diferencia mínima del 50% entre el valor declarado de una mercancía y el valor de productos idénticos o similares para determinados procedimientos de embargo precautorio.
Con esta modificación, las autoridades aduaneras podrán revisar operaciones cuando detecten indicios objetivos de posibles irregularidades en la valoración de los productos, conforme a los procedimientos establecidos en la legislación.
Además, el cambio reduce del 50% al 20% el umbral de diferencia de valor en determinados supuestos relacionados con mercancías que ingresan bajo regímenes aduaneros específicos.
También contempla sanciones por irregularidades con combustibles
La reforma incluye medidas para reforzar la vigilancia sobre las importaciones de hidrocarburos y petrolíferos. Para determinadas infracciones relacionadas con documentación e información presentada ante las autoridades, se contemplan multas de entre el 50% y el 100% del valor comercial de los productos.
Oposición cuestiona los cambios
Durante la discusión, legisladores de oposición expresaron preocupación por el margen de actuación que tendrán las autoridades aduaneras y advirtieron que las nuevas disposiciones podrían generar incertidumbre para importadores, especialmente cuando se presenten diferencias entre los precios declarados y los valores de referencia.
Por su parte, quienes respaldaron la reforma señalaron que las modificaciones buscan combatir la subvaluación de mercancías, reducir la evasión fiscal y evitar prácticas que perjudican a las empresas que cumplen con sus obligaciones.
Los cambios están previstos para entrar en vigor el 1 de enero de 2027, de acuerdo con la información publicada sobre el dictamen.
La reforma abre una nueva etapa en la fiscalización del comercio exterior mexicano, con mayores herramientas para detectar posibles irregularidades y un debate sobre cómo garantizar que su aplicación respete los derechos de los importadores.
