La solicitud del Senado de la República para que la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, acuda a una reunión con legisladores por el caso de presuntos agentes estadounidenses en operativos de seguridad en la entidad no tiene carácter obligatorio y su asistencia dependerá únicamente de una decisión política.
Especialistas en derecho constitucional señalaron que el llamado aprobado por el Senado no constituye una comparecencia formal con efectos legales, sino una invitación institucional sin capacidad jurídica para obligar a una mandataria estatal a presentarse ante la Cámara Alta.
La discusión surgió luego de que senadores federales aprobaran convocar a la mandataria chihuahuense y al fiscal estatal, César Jáuregui, para explicar la presunta participación de agentes de Estados Unidos en acciones de seguridad realizadas en territorio chihuahuense. Sin embargo, el propio Senado ha reconocido que el encuentro está planteado como una reunión de trabajo y no como una comparecencia obligatoria.
Juristas consultados advirtieron que el Congreso de la Unión no tiene facultades para exigir la presencia de una gobernadora en funciones bajo este mecanismo, debido a que el sistema federal mexicano establece autonomía entre los poderes estatales y federales. Bajo ese criterio, una eventual ausencia de Maru Campos no implicaría sanciones inmediatas ni consecuencias legales directas.
Aun así, el caso mantiene relevancia política por las dudas en torno a la posible intervención de personal extranjero en operativos locales, un tema que ha generado debate sobre los límites de coordinación entre autoridades estatales y federales en materia de seguridad nacional.
En caso de asistir, la reunión serviría para que el gobierno de Chihuahua exponga si existió notificación previa a la Federación, respaldo documental y coordinación institucional en torno a estos hechos. De no hacerlo, el caso seguiría en el terreno político más que en el jurídico, en medio de un debate que continúa escalando en el Senado.
