Las siete empresas investigadas validaban el 20.53% de las facturas del país; dos procedimientos de revocación continúan en curso.
La supervisión de las operaciones fiscales en México puso bajo revisión a siete empresas autorizadas para certificar facturas electrónicas, luego de que se detectaran vínculos comerciales con compañías señaladas por simular operaciones para evadir impuestos.
La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno informó que los hallazgos fueron resultado de una auditoría realizada por el Órgano Interno de Control del Servicio de Administración Tributaria (SAT).
Como consecuencia de estas irregularidades, se revocaron las autorizaciones de cinco proveedores, mientras que los procedimientos administrativos correspondientes a otras dos empresas siguen en proceso.
¿Qué empresas perdieron su autorización?
De acuerdo con la información oficial, las cinco empresas a las que se les revocó el permiso son:
- Facturadorelectronico.com, de Dot Net Desarrollo de Sistemas, S. A. de C. V.
- DigiFact, de Teledesic Broadband Networks, S. A. de C. V.
- FactureYa, de Servicios Tecnológicos Avanzados en Facturación, S. A. de C. V.
- EdiFactMx, de EDIFACTMX, S. A. de C. V.
- Comercio Digital, de Sistemas de Comercio Digital, S. de R. L. de C. V.
Las autoridades no dieron a conocer los nombres de los otros dos proveedores que enfrentan el proceso administrativo para retirarles la autorización.
¿Por qué es relevante esta investigación?
Uno de los datos que destaca en el caso es el alcance de estas compañías: en conjunto, los siete proveedores certificaban aproximadamente el 20.53% de las facturas emitidas en México.
Las llamadas factureras son empresas que participan en esquemas de operaciones simuladas, mediante los cuales se generan comprobantes fiscales que respaldan transacciones comerciales que presuntamente no ocurrieron.
Este tipo de prácticas puede utilizarse para disminuir indebidamente las obligaciones fiscales y evadir el pago de impuestos.
La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno señaló que continuará con las acciones de supervisión y los procedimientos correspondientes ante las instancias competentes, como parte de las medidas para combatir la evasión fiscal y fortalecer la recaudación pública.
La investigación pone de relieve la importancia de vigilar no solo a quienes emiten facturas, sino también a los proveedores que participan en su certificación electrónica.
