La relación entre el Gobierno de Chihuahua y la Fiscalía General de la República (FGR) atraviesa uno de sus momentos más tensos, luego de que la gobernadora Maru Campos fuera citada a declarar como testigo dentro de la investigación relacionada con un operativo en la Sierra Tarahumara donde murieron presuntos agentes estadounidenses y elementos estatales.
La mandataria estatal aseguró que existe una “persecución política” en su contra y cuestionó el actuar de las autoridades federales, señalando que otros gobernadores no han sido llamados a comparecer en casos similares.
Por su parte, la FGR aclaró que el citatorio forma parte de una investigación en curso y que, hasta el momento, no existe una imputación formal contra la gobernadora. El caso ha generado un fuerte debate político debido a la presunta participación de agencias estadounidenses en operativos realizados en territorio mexicano.
