En 2026, los mexicanos enfrentarán un cambio sin precedentes: por primera vez deberán asumir costos para mantener a Pemex.
La medida se enmarca en la búsqueda de una solución para la delicada situación financiera que atraviesa la petrolera estatal, cuyas operaciones requieren cada vez mayor respaldo.
El nuevo esquema implica que los ciudadanos participen directamente en el sostenimiento de Pemex, lo que marca un giro histórico en la relación entre la empresa energética y la población.
Mientras tanto, la carga fiscal y presupuestaria que recae sobre Hacienda se intensifica: el gobierno tendrá que lidiar con un mayor volumen de compromisos financieros para sostener el funcionamiento de Pemex en 2026.
Esta decisión abre múltiples interrogantes sobre equidad, sostenibilidad y el papel del Estado en la industria energética del país.
