La Cámara de Diputados aprobó en lo general la nueva Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, mediante la cual se crea una Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) que regulará el sector, y contará con un órgano desconcentrado encargado de autorizar las concesiones.
Luego de un debate de casi tres horas, los legisladores avalaron la nueva norma –que abroga la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, de 2014–, por 369 votos en favor de Morena y sus aliados, a los cuales se sumó la mayoría de la bancada de MC; 113 en contra de PAN y PRI, y tres abstenciones del partido naranja, que se dividió y adelantó que en lo particular se manifestará en contra del proyecto, como suele hacer.
Al presentar la minuta del Senado, a la cual se le dispensaron trámites, y por lo tanto no pasó por comisiones, el bloque mayoritario en San Lázaro destacó que el órgano desconcentrado de la ATDT será la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), que sustituirá al extinto Instituto Federal de Telecomunicaciones y se conformará por cinco integrantes, nombrados por la jefa del Ejecutivo, pero ratificados por los senadores.
De igual forma, resaltaron que reconoce derechos de los usuarios, con la obligatoriedad de que los medios nombren defensorías de las audiencias, pero al mismo tiempo permite la intervención de las comunicaciones de los usuarios, así como su geolocalización, pero únicamente con un mandato judicial, fundado y motivado.
En defensa del proyecto, el petista Ricardo Mejía Berdeja –quien fue subsecretario de Seguridad en el sexenio pasado— destacó la importancia de crear un registro nacional de usuarios de telefonía celular, para fortalecer el combate de delitos como extorsión y secuestro, y acusó a los legisladores de oposición de obstaculizar la persecución de esos ilícitos.
“Se rasgan las vestiduras por el registro de usuarios, pero guardan silencio frente a las llamadas de extorsión y de secuestro que utilizan líneas de prepago. Con esta nueva ley dejamos atrás un modelo burocrático desfasado, que solo servía a los grandes monopolios y permitía el anonimato frente al crimen. Las autoridades deben tener la capacidad de ubicar y detener a criminales en lugar de que estos sigan operando impunemente detrás de un teléfono”, aseveró.
Por su parte, Claudia Leticia Garfias (Morena) resaltó que la iniciativa crea una CRT “con independencia técnica, operativa y de gestión”, mientras que la Comisión Nacional Antimonopolio, órgano desconcentrado de la Secretaría de Economía, se encargará de observar la preponderancia y regulación asimétrica.
Asimismo, celebró que el Estado “continuará prestando el servicio de internet a la población, pero se respetará la concesión comercial para servicios a usuarios finales para competir en igualdad de condiciones que los privados”, además de que se crean mecanismos para distinguir entre información, noticias y opinión en espacios y programas mediáticos.
La Jornada
